El sistema penitenciario está cambiando. Este manual es un ejemplo de ello, ya que es el producto de meses de trabajo coordinado entre servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y miembros de instituciones de la sociedad civil tanto del ámbito nacional como internacional, los cuales tienen un compromiso con los derechos humanos del personal del INPE y de los internos

el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. Reside en ello su actualidad política, la cual significa, al mismo tiempo, que cada cambio esencial en la estructura política (sobre todo una modificación de la estructura del Estado) también conducen a la transformación del procedimiento penal

El diseño del proceso penal en el Nuevo Código Procesal (NCPP), ya implementado en los Distritos Judiciales de Huaura, La Libertad, Arequipa, Moquegua, Tumbes, Piura, Lambayeque, Tacna, Puno, Cuzco, Madre de Dios, Ica y Cañete está configurado sobre la base del Principio Acusatorio1, y no podía ser de otra manera por cuanto nuestra Constitución Política de 1979 y posteriormente la Constitución de 1993 en su artículo 159o recogen el paradigma acusatorio y responde ello a las tendencias modernas de un nuevo proceso penal en un Estado democrático de Derecho.

En el Perú, no somos extraños, a las noticias que informan sobre actividades vinculadas al delito de lavado de activos, lavado de dinero o Blanqueo de capitales, que se dan a través de los diferentes medios de comunicación social. Una idea aproximativa a su significado: consiste en el proceso mediante el cual, el dinero, bienes y ganancias ilegales, tratan de ser legalizados a través del sistema financiero, bursátil, comercial o por otros medios, con la finalidad de evitar su detección y decomiso. Responde a la pregunta.
¿Qué hacen las personas para ingresar al qué ámbito legal, todos los bienes obtenidos como resultado de una actividad delictiva?