NOTA DE PRENSA N° 046-2020-INPE

En el 2020 

INPE REALIZA PRIMER TRASLADO DE INTERNOS A PENALES DE MÁXIMA SEGURIDAD

Doce internos, quienes serían miembros de organizaciones y bandas criminales, del penal Trujillo Varones, fueron trasladados a los penales de Cochamarca y Ancón I, en un operativo que tuvo como objetivo preservar la seguridad y el orden en dicho reclusorio, desarticulando posibles acciones delictivas que habrían sido identificadas por la Policía Nacional del Perú.

La operación estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que movilizaron a Luis Guillermo Álvarez Bautista, tendría el alias de Lucho cartero y Julio César Casana Ruiz, usaría el supuesto alias de alias Pichirrín, posibles miembros de la banda criminal “Los Nuevos Justicieros”.

Jorge Rebaza Leyva, quien tendría el sobrenombre de Choche y Elisván Chávez Rojas, quien usaría el alias de Cachete, ambos de la supuesta organización criminal, “La jauría nueva generación”.

Así como, Alessandro Chacón Ruiz, quien tendría el alias de Chocoto y que pertenecería a la organización, “Los malditos de Chicago”, Ronald Salazar Rodríguez, usaría el sobrenombre de Molleja y pertenecería a la banda “Los ochenta” y Milton Acevedo Fernández, con el supuesto alias de Tuca, que podría ser miembro de "Los Injertos de Santo Dominguito”.

Jorge Luis Olortegui Romero, tendría el alias de Chueco, que sería el cabecilla de la organización criminal, “Los malditos de Alto Moche” y Jack Rodríguez Guerra, también posible cabecilla de la “Los gatilleros de Alto Moche”.

Por último, Fredy Sánchez Cerquin, sindicado por supuesta participación en un homicidio, Kevin Alejandro Burgos, alias el gordo Kevin, a quien se le atribuye participar en acciones de tráfico ilícito de drogas y Eduardo Marin Vega.

Cabe destacar que este tipo de traslado se aplica a las personas que regresionan en su tratamiento, siendo conducidos bajo estrictas medidas de seguridad a regímenes más serveros a penales de máxima seguridad en salvaguarda de la población penal y la seguridad ciudadana.

Lima, 6 de febrero del 2020