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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO – 2018

La población de internos entre 18 a 24 años constituye el 14.3% de la población total, la misma
estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se podría destinar o fomentar
programas de formación técnica o universitaria, e incluso el aprendizaje de idiomas para mejorar su
incorporación al mercado laboral.

2.2.- Población Penitenciaria por Rango de Edad según Establecimiento Penitenciario

La composición etaria de los privados de libertad por EP permite visualizar de manera más
focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad, por ejemplo, en el penal de
Lurigancho se podría ampliar la cobertura de programas como CREO, pues a la fecha están recluidos
2,120 jóvenes con edades entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del
tratamiento, especialmente para los internos jóvenes y primarios. La predominancia de la educación
técnica obedece a que concede al interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor y generar un
beneficio económico al vender sus productos; este enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a
corto y largo plazo, pues el interno logra cierta independencia económica en prisión (trasladable incluso
a su familia), además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la actividad
económica predominante en la zona debe ser tomada en cuenta para articular los programas de
formación productiva. No puede soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar educación
para el trabajo, los ex-condenados encuentren barreras que impidan su inserción en el mercado laboral;
si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará más dificultades aún. En ese sentido, no
está de más hacer un llamado de colaboración entre los gobiernos regionales y la administración
penitenciaria, pues el éxito de la resocialización depende también de las oportunidades que los ex
privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse económicamente y a su familia.

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