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1:11=t4Documento Prospectivo al 2030 del Sector Justicia y Derechos Humanos

Dir • General
e Asuntos
Criminológicos
Sub Tema: Enfoque de Derechos Humanos en la gestión pública
C. BAZO R.
Implica que la totalidad de las intervenciones públicas realizadas por el Estado consideren
transversalmente los derechos humanos, con énfasis en aquellas poblaciones de especial
protección: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, poblaciones indígenas,
entre otros. De igual forma, implica asumir el reconocimiento de estándares
internacionales en el quehacer público, el diálogo constante con la sociedad civil y la
articulación estatal.
La adopción de un enfoque basado en los derechos humanos asegura una gestión pública
cuyo objetivo es propiciar avances sostenibles en el desarrollo; detectando y combatiendo
las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas. Algunos
de los derechos priorizados son el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, la
igualdad y no discriminación, la salud y la educación; el acceso a la información pública;
el acceso a la justicia y el debido proceso; los derechos ambientales; los que protegen la
intimidad y los datos personales, entre otros.

Sub Tema: Asistencia de víctimas
S. Coro A.
Reconocimiento, por parte del Estado, de las víctimas del proceso de violencia ocurrida
durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000, en el que se vulneraron los
derechos humanos. Su atención es por medio de acciones con sentido reparatorio, entre
Ministerio d
y Derecha ellas reparaciones simbólicas, económicas, en educación, en salud, acceso a la vivienda,
MECO°
DOENS restitución de derechos ciudadanos y a comunidades o colectivas como parte de los
ACCESO A LA JUSTICIA programas que integran el Plan Integral de Reparaciones (PIR). Así mismo, se promueve
tshil M.
la búsqueda de personas desaparecidas permitiendo la individualización de las víctimas,
la recopilación y procesamiento de información sobre los hechos en que se produjo la
desaparición, la asistencia psicosocial y apoyo logístico pertinente a los familiares. Lo
mencionado contribuye a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos y las peruanas
errad ust►cta y propende a la reconciliación nacional; asimismo, proporciona a las víctimas y sus
rechos manos
ECCIó G NERAL familiares -de ser el caso- el reconocimiento de sus derechos por medio de una reparación
E DE RR B LLO
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CALIDA que fomenta la confianza ciudadana y fortalece el Estado de derecho.
REGULATORIA
M. García Ch.
El reconocimiento del principio del respeto a la dignidad de todo sujeto de derecho, no
puede ser ajeno en el desarrollo de las actividades que realizan las personas cuando
tienen la tarea de brindar un servicio público; más aún si ello es necesario para lograr
construir un Estado al servicio del ciudadano. En tal sentido, el Estado peruano ha
establecido que "los servidores y funcionarios del Sector Público que sean víctimas de
OF accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico producido en acción o comisión de servicio,
O
PRE se harán acreedores de [...] a) una indemnización excepcional, en caso de incapacidad
MOD
S. MONTOYA M. temporal o permanente; y, b) una indemnización y pensión de invalidez, en caso de
incapacidad permanente que imposibilite la prestación de servicios [...]". Así, el Estado
muestra un signo de reconocimiento y de respeto a la dignidad de la persona, pero
también de solidaridad debida a la destacada labor de los servidores y funcionarios
públicos peruanos que en acción o comisión de servicio hayan resultado víctimas de
accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico. Este compromiso con las personas que han
Ministeno Ori tete
y Decae S urna,. sufrido o que pudieran sufrir en el futuro algún hecho de esta naturaleza, en cualquiera
de sus formas, es permanente.
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D.to
Nuez S.
Ministerio de Justicia
y Derechos humanes
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