Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2012

El 36% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra considerada entre
la población joven y económicamente activa o productiva. Estos datos son muy importantes para
evaluar los programas de políticas preventivas encaminados a cambiar la conducta delictiva.

Otra situación es la población de internos entre 18 a 24 años, que constituye el 17% de la
población total, la que estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se
podría destinar o fomentar programas de formación técnica o universitaria, e incluso el
aprendizaje de idiomas.

2.2.- Población penitenciaria por edades según establecimientos penitenciarios

La composición etaria de los privados de libertad por E.P. permite visualizar de manera más
focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad. Por ejemplo, hay
penales como Huancabamba, que no requeriría, por el momento, programas especiales destinados
a los adultos mayores en vista de su ausencia. En cambio, en el E.P. de Lurigancho se podría
ampliar la cobertura de programas piloto como CREO, ya que a la fecha están recluidos 1,168
jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del tratamiento
penitenciario, especialmente para los internos jóvenes y primarios. A diferencia del concepto
general que la ciudadanía puede tener acerca de los privados de libertad, lo cierto es que su
nivel educativo dista de ser reducido o nulo (tal como se explicará más adelante). La expansión
del Estado y del gasto público en educación (infraestructura) en los últimos años, ha permitido
que en zonas deprimidas del país, sin servicios públicos por décadas, tengan la posibilidad de
acceder a estudiar primaria y secundaria en centros públicos. Esto es, la cobertura educativa se
ha incrementado y cada vez más niños y adolescentes pueden instruirse, lo que reduce la tasa
global de analfabetismo. Por otro lado, la predominancia de la educación técnica obedece a que
concede al interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor y generar un beneficio económico
al vender sus productos; este enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a corto y largo
plazo, pues el interno logra cierta independencia económica en prisión (trasladable incluso a su
familia), además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Por ello, la actividad
económica predominante en la zona debería ser tomada en cuenta para articular los programas
de formación productiva. No puede soslayarse que a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar
educación para el trabajo, los ex-condenados encuentran varias barreras que impiden su
inserción en el mercado laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará
más dificultades aún. En ese sentido, no está de más hacer un llamado de colaboración entre los
gobiernos regionales y la administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización
depende también de las oportunidades que los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de
sustentarse económicamente y a su familia.

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