Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE - 2012

El 36.2% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra considerada entre la
población joven y económicamente activa o productiva. Esta información permitirá evaluar los programas de políticas
preventivas encaminados a cambiar la conducta delictiva.

La población de internos entre 18 a 24 años constituye el 17.2% de la población total, la misma estaría en la
etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se podría destinar o fomentar programas de formación técnica o
universitaria, e incluso el aprendizaje de idiomas para mejorar su incorporación al mercado laboral.

2.2.- Población penitenciaria por rango de edad según Establecimiento Penitenciario

La composición etaria de los privados de libertad por EP permite visualizar de manera más focalizada las
características particulares del tratamiento en cada unidad, por ejemplo, ubicar penales como Huancabamba, donde -
por el momento- no se requeriría de programas especiales destinados a adultos mayores en vista de su ausencia. En
cambio, en el penal de Lurigancho se podría ampliar la cobertura de programas piloto como CREO, pues a la fecha
están recluidos 1,771 jóvenes con edades entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del tratamiento,
especialmente para los internos jóvenes y primarios. La predominancia de la educación técnica obedece a que concede
al interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor y generar un beneficio económico al vender sus productos; este
enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a corto y largo plazo, pues el interno logra cierta independencia
económica en prisión (trasladable incluso a su familia), además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la actividad económica
predominante en la zona debe ser tomada en cuenta para articular los programas de formación productiva. No puede
soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar educación para el trabajo, los ex condenados encuentren
barreras que impidan su inserción en el mercado laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará
más dificultades aún. En ese sentido, no está de más hacer un llamado de colaboración entre los gobiernos regionales y
la administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización depende también de las oportunidades que los ex
privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse económicamente y a su familia.

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