Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2012

2.2.- Población penitenciaria según rango de edades por establecimientos
penitenciarios

La composición etaria de los privados de libertad por EP ayuda a visualizar de manera
más focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad. Por ejemplo, hay
penales como Huancabamba, donde no se requeriría por el momento de programas especiales
destinados a los adultos mayores, en vista de su ausencia. En cambio, en el EP Lurigancho se
podría ampliar la cobertura de programas piloto como CREO, pues a la fecha están recluidos
1,394 jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 24 años.

Es importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del
tratamiento penitenciario, especialmente para los internos jóvenes y primarios. El nivel
educativo de la población penitenciaria dista de ser reducido o nulo (tal como se explicará más
adelante). La expansión del Estado y del gasto público en educación (infraestructura) ha
permitido que zonas del país, escasamente dotadas de servicios públicos por décadas, tengan la
posibilidad de acceder a estudiar primaria y secundaria en centros públicos. Esto es, la cobertura
educativa se ha incrementado y cada vez más niños y adolescentes pueden instruirse, lo que
reduce la tasa global de analfabetismo.

Por otro lado, la predominancia de la educación técnica obedece a que concede al
interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor y generar un beneficio económico al vender
sus productos; este enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a corto y largo plazo, pues
el interno logra cierta independencia económica en prisión (trasladable incluso a su familia),
además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la
actividad económica predominante en la zona debería ser tomada en cuenta para articular los
programas de formación productiva.

No puede soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar educación para el
trabajo, los ex condenados encuentran varias barreras que impiden su inserción en el mercado
laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará más dificultades aún. En
ese sentido, es necesario realizar un llamado de colaboración entre los gobiernos regionales y la
administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización depende también de las
oportunidades que los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse
económicamente y a su familia.

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