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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE - 2012

El 36.2% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra considerada
entre la población joven y económicamente activa o productiva. Esta información permitirá evaluar
los programas de políticas preventivas encaminados a cambiar la conducta delictiva.

La población de internos entre 18 a 24 años constituye el 17% de la población total, la
misma estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se podría destinar o
fomentar programas de formación técnica o universitaria, e incluso el aprendizaje de idiomas para
mejorar su incorporación al mercado laboral.

2.2.- Población penitenciaria según rango de edades según establecimientos penitenciarios

La composición etaria de los privados de libertad por EP permite visualizar de manera más
focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad, por ejemplo, ubicar
penales como Huancabamba, donde -por el momento- no se requeriría de programas especiales
destinados a adultos mayores en vista de su ausencia. En cambio, en el penal de Lurigancho se
podría ampliar la cobertura de programas piloto como CREO, pues a la fecha están recluidos 1,504
jóvenes con edades entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del
tratamiento, especialmente para los internos jóvenes y primarios. La predominancia de la educación
técnica obedece a que concede al interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor y generar un
beneficio económico al vender sus productos; este enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a
corto y largo plazo, pues el interno logra cierta independencia económica en prisión (trasladable
incluso a su familia), además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la
actividad económica predominante en la zona debe ser tomada en cuenta para articular los
programas de formación productiva. No puede soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en
brindar educación para el trabajo, los ex-condenados encuentren barreras que impidan su inserción
en el mercado laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará más aun
dificultades. En ese sentido, no está de más hacer un llamado de colaboración a instituciones
públicas o privadas, pues el éxito de la resocialización depende también de las oportunidades que
los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse económicamente a su familia.

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