Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO - 2012

El 36.3% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra
considerada entre la población joven y económicamente activa o productiva. Esta información
permitirá evaluar los programas de políticas preventivas encaminados a cambiar la conducta
delictiva.

La población de internos entre 18 a 24 años constituye el 17.1% de la población total, la
misma estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se podría destinar o
fomentar programas de formación técnica o universitaria, e incluso el aprendizaje de idiomas
para mejorar su incorporación al mercado laboral.

2.2. Población penitenciaria por rango de edad según establecimiento penitenciario

La composición etaria de los privados de libertad por EP permite visualizar de manera
más focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad, por ejemplo,
ubicar penales como Huancabamba, donde -por el momento- no se requeriría de programas
especiales destinados a adultos mayores en vista de su ausencia. En cambio, en el penal de
Lurigancho se podría ampliar la cobertura de programas piloto como CREO, pues a la fecha
están recluidos 1,517 jóvenes con edades entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del
tratamiento, especialmente para los internos jóvenes y primarios. La predominancia de la
educación técnica obedece a que concede al interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor
y generar un beneficio económico al vender sus productos; este enfoque teórico-práctico resulta
netamente útil a corto y largo plazo, pues el interno logra cierta independencia económica en
prisión (trasladable incluso a su familia), además de aplicar lo aprendido cuando recupere su
libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la
actividad económica predominante en la zona debe ser tomada en cuenta para articular los
programas de formación productiva.

No puede soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar educación para
el trabajo, los ex condenados encuentren barreras que impidan su inserción en el mercado
laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará más dificultades aún. En
ese sentido, no está de más hacer un llamado de colaboración entre los gobiernos regionales y
la administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización depende también de las
oportunidades que los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse
económicamente y a su familia.

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