Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2012

El 36.2% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra considerada
entre la población joven y económicamente activa o productiva. Esta información permitirá evaluar
los programas de políticas preventivas encaminados a cambiar la conducta delictiva.

La población de internos entre 18 a 24 años constituye el 16.9% de la población total, la misma
estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se podría destinar o fomentar
programas de formación técnica o universitaria, e incluso el aprendizaje de idiomas para mejorar su
incorporación al mercado laboral.

2.2.- Población penitenciaria por edad según establecimiento penitenciario

La composición etaria de los privados de libertad por EP permite visualizar de manera más
focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad, por ejemplo, ubicar penales
como Huancabamba, donde -por el momento- no se requeriría de programas especiales destinados a
adultos mayores en vista de su ausencia. En cambio, en el penal de Lurigancho se podría ampliar la
cobertura de programas piloto como CREO, pues a la fecha están recluidos 1,430 jóvenes con edades
entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del
tratamiento, especialmente para los internos jóvenes y primarios. La predominancia de la educación
técnica obedece a que concede al interno la ventaja de adiestrarse en un oficio/labor y generar un
beneficio económico al vender sus productos; este enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a
corto y largo plazo, pues el interno logra cierta independencia económica en prisión (trasladable
incluso a su familia), además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la actividad
económica predominante en la zona debe ser tomada en cuenta para articular los programas de
formación productiva. No puede soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar
educación para el trabajo, los ex condenados encuentren barreras que impidan su inserción en el
mercado laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará más dificultades aún. En
ese sentido, no está de más hacer un llamado de colaboración entre los gobiernos regionales y la
administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización depende también de las oportunidades
que los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse económicamente y a su familia.

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