Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO - 2012

El 36% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra considerada entre
la población joven y económicamente activa o productiva. Estos datos son muy importantes
para evaluar los programas de políticas preventivas encaminados a cambiar la conducta
delictiva.

Otra situación es la población de internos entre 18 a 24 años, que constituye el 17% de la
población total, la cual estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se podría
destinar o fomentar programas de formación técnica o universitaria, e incluso el aprendizaje de
idiomas.

2.2.- Población penitenciaria por edades según establecimientos penitenciarios

La composición etaria de los privados de libertad por EP ayuda a visualizar de manera más
focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad. Por ejemplo, hay
penales como Huancabamba, donde no se requeriría por el momento de programas especiales
destinados a los adultos mayores, en vista de su ausencia. En cambio, en Lurigancho se podría
ampliar la cobertura de programas piloto como CREO, ya que a la fecha están recluidos 1,012
jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva del tratamiento,
especialmente para los internos jóvenes y primarios. A diferencia del concepto general que la
población puede tener acerca de los privados de libertad, lo cierto es que su nivel educativo
dista de ser reducido o nulo (tal como se explicará más adelante). La expansión del Estado y del
gasto público en educación (infraestructura) ha permitido que zonas del país, escasamente
dotadas de servicios públicos por décadas, tengan la posibilidad de acceder a estudiar primaria
y secundaria en centros públicos. Esto es, la cobertura educativa se ha incrementado y cada vez
más niños y adolescentes pueden instruirse, lo que reduce la tasa global de analfabetismo. Por
otro lado, la predominancia de la educación técnica obedece a que concede al interno la ventaja
de adiestrarse en un oficio/labor y generar un beneficio económico al vender sus productos; este
enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a corto y largo plazo, pues el interno logra cierta
independencia económica en prisión (trasladable incluso a su familia), además de aplicar lo
aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así que la actividad
económica predominante en la zona debería ser tomada en cuenta para articular los programas
de formación productiva. No puede soslayarse que, a pesar de los esfuerzos del INPE en brindar
educación para el trabajo, los ex condenados encuentran varias barreras que impiden su
inserción en el mercado laboral; si se tratara de una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará
más dificultades aún. En ese sentido, no está de más hacer un llamado de colaboración entre los
gobiernos regionales y la administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización
depende también de las oportunidades que los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de
sustentarse económicamente y a su familia.

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