Page 18 - Informe Estadistico

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2012

El 35.5% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra
considerada entre la población joven y económicamente activa o productiva. Esta
información permitirá evaluar los programas de políticas preventivas encaminados a
cambiar la conducta delictiva.

La población de internos entre 18 a 24 años constituye el 16.5% de la población
total, la misma estaría en la etapa de formación técnico-productiva; al respecto, se
podría destinar o fomentar programas de formación técnica o universitaria, e incluso el
aprendizaje de idiomas para mejorar su incorporación al mercado laboral.

2.2.- Población Penitenciaria por rango de edad según Establecimiento Penitenciario

La composición etaria de los privados de libertad por EP permite visualizar de
manera más focalizada las características particulares del tratamiento en cada unidad,
por ejemplo, ubicar penales como Huancabamba, donde -por el momento- no se
requeriría de programas especiales destinados a adultos mayores en vista de su
ausencia. En cambio, en el penal de Lurigancho se podría ampliar la cobertura de
programas piloto como CREO, pues a la fecha están recluidos 1,558 jóvenes con edades
entre los 18 y 24 años.

Resulta importante remarcar el valor que la educación tiene como parte decisiva
del tratamiento, especialmente para los internos jóvenes y primarios. La predominancia
de la educación técnica obedece a que concede al interno la ventaja de adiestrarse en
un oficio/labor y generar un beneficio económico al vender sus productos; este
enfoque teórico-práctico resulta netamente útil a corto y largo plazo, pues el interno
logra cierta independencia económica en prisión (trasladable incluso a su familia),
además de aplicar lo aprendido cuando recupere su libertad.

Además, debe agregarse el factor geográfico al componente cronológico. Es así
que la actividad económica predominante en la zona debe ser tomada en cuenta para
articular los programas de formación productiva. No puede soslayarse que, a pesar de
los esfuerzos del INPE en brindar educación para el trabajo, los ex condenados
encuentren barreras que impidan su inserción en el mercado laboral; si se tratara de
una persona mayor a 35 o 40 años, enfrentará más dificultades aún. En ese sentido, no
está de más hacer un llamado de colaboración entre los gobiernos regionales y la
administración penitenciaria, pues el éxito de la resocialización depende también de las
oportunidades que los ex privados de libertad puedan lograr, a fin de sustentarse
económicamente y a su familia.

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