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Documento Prospectivo al 2030 del Sector Justicia y Derechos Humanos

Por otro lado, los intereses del Estado también se ven afectados por la limitada gestión que
se puede realizar con los activos que le son encargados durante los procesos penales, ya que
menos del 1% tienen la condición de pérdida de dominio.

>trrhtn:i2i-les Cultura de la legalidad
DE
VICEAIINISTERIAL
MEMOS HIMNOS
ACCESDA ~MI La seguridad jurídica es un factor crítico en el desarrollo de una cultura de la legalidad, por
VIGNOLO H. ello se destaca el incremento del acceso y la confianza que el servicio registral ha tenido en
los últimos años, impulsado por estrategias de desconcentración e implementación de
plataformas de atención virtual. En esa misma línea la presencia y actuación de los notarios
asegura un mayor otorgamiento de la fe pública, sin embargo, a junio del 2017 solo se ha
podido cubrir el 42% de las plazas notariales creadas y la función supervisora solo alcanza al
Monmteno Justioa
Derevh, 4110,
8% de los oficios notariales. Por otro lado, respecto a la transparencia y acceso a la
CONSF
DEFENSA información pública como ejercicio de control ciudadano para afianzar un ambiente de
DEL ES
legalidad, se aprecia que aún existen instituciones que no cumplen con brindar sus
M.M.L.
respuestas en el plazo legal. Respecto del nivel de transparencia, en los ministerios se
observa casi un pleno cumplimiento sobre los estándares de exposición de información, no
ocurriendo lo mismo en los gobiernos regionales. La cultura de la legalidad demanda una
mayor conciencia sobre el respeto a las normas y su ejercicio mismo, por ello es importante
continuar promoviendo el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y facilitar su acceso
haciendo uso de las tecnologías de la información.

Política criminológica y reinserción social

Desde la creación del Consejo Nacional de Política Criminal en marzo del 2012, se ha venido
organizando estratégicamente los mecanismos de control del Estado para reducir y
neutralizar los delitos e infracciones penales. Se destaca el enfoque preventivo de las
políticas nacionales y el esfuerzo por desplegarlas a nivel local, buscando la interacción de
los actores involucrados. Sin embargo, la falta de compromiso de las autoridades locales, así
como la débil articulación de los actores impide que las políticas sean implementadas con el
grado de atención que requiere el enfoque preventivo y represivo. Por el lado
,/ resocialización de los agresores, las condiciones desfavorables tanto de los establecim
d
• • tonos
penitenciarios como de los centros juveniles que atienden a menores infractores impid
Or1 -9 ;i GENERAL DE tratamiento efectivo que los conduzca a una real resocialización. La sobrepoblaci
IZENSA PÚBLICA Y
ACCESO A LAJLISTZIA
hacinamiento, la falta de personal especializado, problemas de atención de salud, entre •tVoli
YShil iVi
son algunas de las situaciones desfavorables que se presentan con mayor intensida • SiñARNAA
embargo, se debe destacar que, para el caso de los menores infractores, a partir de la Política
de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, se ha ampli
significativamente la oferta de Servicio de Orientación al Adolescente, pasando de 2 n el Ith
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AM NTO, 2013, a 23 en el 2016. AC
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